El municipio envió al Concejo Deliberante un proyecto que busca equilibrar el desarrollo urbano en zonas del oeste con la protección ambiental y patrimonial en el distrito.
El Municipio de San Isidro envió al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de actualización puntual del Código de Ordenamiento Urbano. La iniciativa, anticipada por el intendente Ramón Lanús, no plantea una reforma integral, sino modificaciones selectivas para corregir problemas detectados y actualizar criterios técnicos en la planificación territorial.
Según el expediente, el código, ordenado por decreto en 2022, regula el uso del suelo, la densidad de ocupación y la localización de actividades. El Ejecutivo sostiene que requiere ajustes periódicos para responder a transformaciones territoriales, ambientales y sociales. La propuesta se estructura en cuatro ejes: protección de áreas de barranca, preservación del paisaje costero, protección preventiva del patrimonio edilicio y revitalización del sector oeste, con foco en Boulogne y Villa Adelina.
El texto presenta la iniciativa como una modernización ordenada que apunta a incorporar viviendas, comercios y servicios sin alterar la identidad barrial ni sobrecargar la infraestructura. Plantea una doble estrategia: reforzar la protección de elementos naturales y patrimoniales y, en paralelo, promover un mayor dinamismo urbano en zonas con signos de estancamiento. Entre los objetivos se incluye ampliar la oferta habitacional con unidades más compactas y accesibles, sin modificar las alturas máximas vigentes.
El primer eje se centra en las barrancas, consideradas un rasgo natural relevante. La propuesta incorpora la definición de «Área Intangible para Predios en Barranca», que establece que el sector del desnivel natural deberá preservarse libre de construcciones y alteraciones topográficas. Las edificaciones deberán localizarse en los sectores planos del lote, respetando retiros laterales. Se exigirá la presentación de planos de relevamiento de niveles y un relevamiento forestal.
El segundo eje apunta al sector costero, definido como un área de alta sensibilidad ambiental, paisajística y cultural. La propuesta elimina la posibilidad de usos residenciales en determinadas zonas de la franja costera, incluyendo la zona Epr del Parque de la Ribera, y establece que los proyectos deberán evaluarse de manera particular. Se incorporan condiciones generales, como la obligación de contar con conexión a redes de agua y cloacas o sistemas de tratamiento autorizados. El objetivo es consolidar el carácter público del frente ribereño, asegurar la continuidad territorial y garantizar el acceso de la población.
El tercer eje introduce una herramienta de protección preventiva del patrimonio edilicio.