Con pocos acuerdos políticos con la oposición, el gobierno de Javier Milei aparece decidido a concentrar el fuego en el plano judicial, con objetivos que parecen muy ambiciosos. Hay una apuesta principal: conseguir que la última sesión del Senado, en la que sufrió golpes categóricos, sea declarada ilegal por la Justicia.
En Balcarce 50 ya trazaron un diagnóstico sobre la jornada parlamentaria de este jueves, donde la oposición logró sancionar un proyecto de movilidad jubilatoria, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. “Fue ilegal”, expresaron sin vueltas cerca del Presidente ante las consultas de PERFIL. No habían pasado 24 horas del revés y ya comenzaron a diseñar una estrategia judicial para una controversia con otro poder del Estado que tiene antecedentes amargos para las aspiraciones del Gobierno.
Fuentes libertarias aseguraron que en los próximos días realizarán una presentación en el fuero contencioso administrativo federal. El argumento principal para sostener que la sesión estuvo fuera de la ley es que violó el artículo 19 de la Cámara alta, el que determina el procedimiento de la convocatoria a la actividad.
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Sin embargo, en los últimos años hay una serie de fallos adversos en ese mismo fuero sobre controversias planteadas por distintos diputados. En el Senado hay otro dato: durante la pandemia, durante la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner, su entonces directora de Asuntos Legales, Graciana Peñafort, presentó un recurso de certeza de constitucionalidad ante la Corte. Era para confirmar la legalidad de la utilización de métodos remotos para sancionar leyes. El máximo tribunal consideró que esas cuestiones reglamentarias eran una potestad soberana del Senado.
En la Rosada no tienen ese antecedente en el radar. Detrás del análisis judicial, el Gobierno tiene varios responsables. Todos poseen una aceitada relación con Santiago Caputo, el asesor presidencial. Para esta misión le reportan Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia, María Ibarzábal, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, y Santiago Castro Videla, el titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados del Estado.
En la Procuración esperan una señal de la Rosada, pero hay otra particularidad: la impugnación se cocina en el Ejecutivo, y no desde la presidencia del Senado, es decir, de Victoria Villarruel, que condujo casi toda la sesión. Su presencia en el recinto anticipa que las chances de judicialización pueden tener las patas cortas. Villarruel es la titular del Senado, pero no es senadora, es la representante del Ejecutivo en esa cámara. ¿Cómo puede jugar esa presencia cuando el Ejecutivo que ella integra quiere impugnar la sesión? Posiblemente debilitará los intentos impugnadores de la Casa Rosada y quizás por eso el Presidente volvió a castigarla públicamente.
Si algo reconocen en La Libertad Avanza, es que las órdenes sobre qué hacer y qué no se cocinan directamente en Balcarce 50 y no en el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.
El funcionario, célebre por defender a Guillermo Coppola en la década de los noventa, comenzó su tarea en la cartera judicial con una alta exposición. Con el correr del tiempo quedó eclipsado por Amerio, el hombre que mejor conexión exhibe con los vértices del triángulo de hierro que domina el Estado. Con este marco, el Gobierno transmite que la conexión con el Poder Judicial es positiva, sobre todo tras la condena, ratificada por la Corte Suprema, de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El Presidente, en sus últimas intervenciones, reflejó esa percepción, pero el mensaje se contrapone con otros altos funcionarios que reconocen que no esperaban que la Corte confirmara la prisión de la expresidenta. Sin embargo, la relación no es lineal y hubo sobresaltos, especialmente para el mismo equipo que comanda Caputo y que ahora busca impugnar la última sesión en la Justicia. El caso más reciente fue el fallido intento para cubrir las dos vacantes de la Corte. El plan para nombrar a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo recibió un cachetazo total. Fue una negociación ardua en la que LLA siempre mostró que todo iba a llegar a buen puerto. Pero no fue así.
En otros fueros hay antecedentes amargos. La Cámara nacional del Trabajo, que desde diciembre de 2023 trabó el capítulo laboral de la Ley Bases, declaró inconstitucional que el trabajo docente sea esencial y les dio la razón a sindicatos, como el de la Anses, que afirmaron que los despidos fueron producto de “persecución política”.
Además, este año tuvo dos fallos categóricos contra las medidas de la gestión Milei. Uno fue contra el decreto 340/2025, que amplió las actividades esenciales, lo que en la práctica limitó el derecho a la huelga. Y el otro fue contra el decreto 425/2025 que eliminó el día del trabajador estatal.