Un juez y un fiscal imputaron a dos profesionales del Hospital Italiano por la posible desviación de fármacos de uso restringido. La causa se originó tras una denuncia por faltantes en el centro de salud.
La Justicia investiga a dos médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires por la presunta sustracción y uso irregular de anestésicos de uso hospitalario. Los imputados son Hernán Boveri, exmédico del área de Anestesiología, y Delfina Lanusse, residente de tercer año de la misma especialidad en esa institución.
El juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera los imputaron en una causa que busca determinar cómo medicamentos de uso restringido habrían salido del circuito interno del hospital. La investigación se originó el 23 de febrero, cuando el hospital radicó una denuncia por faltante de anestésicos.
En paralelo, se investiga la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, hallado sin vida en su departamento de Palermo. Si bien es una causa separada, se presume que su muerte estaría vinculada a una sobredosis de propofol y fentanilo. Parte del material encontrado en su domicilio pertenecería al circuito interno del Hospital Italiano.
Según fuentes judiciales, la hipótesis central no apunta al narcotráfico, sino a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del hospital. Se trata de drogas legales, pero de uso estrictamente controlado.
El avance de la investigación incluyó allanamientos realizados el 12 de marzo por la Policía de la Ciudad, que reforzaron la sospecha sobre el origen hospitalario de los anestésicos. La Justicia dispuso medidas restrictivas para los imputados, como la prohibición de contacto entre ambos y la prohibición de salida del país.
Durante las indagatorias, Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y adelantó que lo ampliaría por escrito. Según las fuentes, en su exposición hizo referencia a cuestiones personales sin aportar elementos sustanciales a la investigación.
La causa tomó visibilidad pública por la circulación de un audio de WhatsApp que mencionaba supuestas reuniones denominadas «Propo fest». Ese material no forma parte del expediente, pero la fiscalía analiza una línea vinculada a lo que en ese mensaje se describe como «viajes controlados»: experiencias en las que, a cambio de dinero, se ofrecería a terceros la posibilidad de alcanzar un estado de relajación mediante la administración de estos fármacos bajo supervisión. Por el momento, esa hipótesis no fue formalizada en una imputación.
El eje del expediente continúa centrado en la presunta sustracción de medicamentos del ámbito hospitalario. Al tratarse de sustancias legales pero de uso restringido, los hechos no encuadran en figuras vinculadas al suministro de estupefacientes.