El reciente episodio en una escuela de Santa Fe reabre el análisis sobre un fenómeno excepcional en el país. Un recorrido por los antecedentes documentados, desde Carmen de Patagones hasta Mendoza, que marcaron la implementación de protocolos y debates sobre acceso a armas y acoso escolar.
Los episodios de violencia con armas de fuego en el ámbito escolar son excepcionales en Argentina, aunque se registró un aumento desde la pandemia. Entre 2023 y lo que va de 2026 se contabilizaron cuatro casos ligados a comunidades educativas. El más reciente ocurrió ayer en una escuela del departamento de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente ingresó con una escopeta, causó la muerte de un compañero e hirió a otros dos.
Sin embargo, al analizar los sucesos desde el regreso de la democracia, el total de casos en aulas o derivados de conflictos escolares que incluyeron armas de fuego no llega a diez.
El primer antecedente documentado data de mayo de 1997, cuando un estudiante de 14 años robó el arma de su padre, integrante de la Gendarmería Nacional, y mató a un compañero en una escuela de la provincia de Buenos Aires. Este hecho, inédito entonces en América Latina, encendió el debate público sobre el acceso a armas en hogares con menores.
El 4 de agosto de 2000, en Rafael Calzada, un alumno de 19 años hirió con un revólver a dos compañeros, uno de los cuales falleció días después. Declarado inimputable, el caso situó por primera vez al bullying en el centro del debate. La víctima, Javier Romero, era hostigado y apodado «Pantriste». Este expediente impulsó guías y protocolos en varios distritos para la intervención temprana en situaciones de hostigamiento.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 28 de septiembre de 2004 en Carmen de Patagones. Un alumno de 15 años ingresó con una pistola de su padre, suboficial de la Prefectura Naval, y abrió fuego en un aula, causando tres muertes y cinco heridos. El autor fue declarado inimputable por su edad y luego diagnosticado con esquizofrenia. El caso motivó un duelo nacional y propuestas sobre almacenamiento seguro de armas, salud mental y protocolos de emergencia en escuelas.
Tras un hiato de casi dos décadas, en 2023 se registró un episodio de alto riesgo en Florencio Varela, donde una alumna de 16 años llevó una pistola y municiones a la escuela. La intervención evitó una tragedia y el caso renovó el foco en el acceso doméstico a las armas y las señales de alarma.
En abril del año pasado, en Escobar, un grupo de estudiantes de 13 años organizó en WhatsApp un plan de tiroteo, referenciando armas disponibles en sus familias. La denuncia de padres derivó en la intervención judicial y medidas restrictivas contra lo que se conoció como «la Pandilla del WhatsApp». Los involucrados continuaron sus estudios de manera virtual mientras se evaluaban riesgos. Este caso reactivó charlas preventivas y puso en agenda el rol de las redes sociales en las amenazas entre pares.
El penúltimo caso ocurrió en septiembre último en La Paz, Mendoza. Una alumna de 14 años ingresó a la escuela con una pistola 9 mm de su padre, policía de San Luis, realizó tres disparos al aire y se atrincheró en el patio. No hubo heridos gracias a la intervención de equipos especializados.