Cinco listas de candidatos se oficializaron para competir en abril por la conducción del estratégico Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal que elige un representante al Consejo de la Magistratura de la Nación.
Más de 89.500 abogados están habilitados para votar el próximo martes 21 y miércoles 22 de abril entre las 8 y las 18 horas, en la sede central del Colegio Público, ubicada en avenida Corrientes 1441.
La Junta Electoral informó anoche, que se oficializaron cinco listas de nóminas de quince candidatos titulares y sus suplentes para el Consejo Directivo, y misma cantidad para el Tribunal de Disciplina, junto a un número de candidatos a la Asamblea de Delegados titulares y otro tanto de suplentes, equivalente a uno por cada doscientos o fracción mayor de cien del total de la matrícula.
En todos los casos, por el criterio de paridad de género 50/50, las nóminas se presentan con alternancia en su conformación.
Con la idea de la continuidad del cambio que experimentó el CPACF, se presenta la Lista 67 “Unidad en defensa de la Abogacía”. Se trata de la amplia alianza que sostuvo los cuatro años de gestión de Ricardo Gil Lavedra, y que lleva a la cabeza a la abogada, Alejandra García, una histórica militante de la UCR proveniente de la facultad de Derecho de la UBA.
El ex camarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura lidera la nómina a la asamblea de delegados, secundado por Jimena de la Torre y Raúl Aguirre Saravia, mientras que en el Tribunal disciplinario, la lista tiene al frente al abogado José María Figuerero. De la Torre es actualmente representante ante la Magistratura y está vinculada al macrismo. Así Gil Lavedra mantuvo la alianza que armó desde que llegó a la presidencia en el 2022.
En este turno, serán cuatro las listas retadoras dispuestas a tratar de desbancar al actual oficialismo.
La Lista 47 – “Gente de Derecho” vuelve a candidatear a su fundador, Jorge Rizzo (quien sacó 36,6 por ciento en la última elección); mientras que su nómina al Tribunal de Disciplina la encabeza el ex camarista del Trabajo, Gregorio Corach; y Patricia Trotta, es su número uno en la lista de asambleístas.
Otra de las listas que se presentaron en la última elección, en esa oportunidad obtuvo el 13,2 por ciento, fue la 66, “Espacio Abierto de la Abogacía”, que nuevamente presentará la candidatura del abogado, Rubén Ramos; acompañado por Cristián Dellepiane al Tribunal; y Sebastián Sáez como asambleísta. Esta lista es fuerte entre los abogados que trabajan en el Estado
Finalmente, dos listas hacen su debut electoral.
Liderada por el abogado, Eduardo Awad, quien fue presidente del CPACF en dos períodos, se presenta “Los que Vemos el Colegio”. Al Tribunal lleva como candidato a Claudio Belluscio, mientras que su primera asambleísta es Nelly Díaz. Y por último, la agrupación “Por más Abogacía”, que lleva como primer candidato al Consejo Directivo a Eduardo Javier Lema Castillo; Casiano Highton encabeza la lista al Tribunal; y Valeria Carreras es su primera candidata a la Asamblea. El senador K Mariano Recalde apoya esta lista.
Reclamo al chavismo por un abogado
Por otra parte, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal reiteró su preocupación por la detención arbitraria continuada del abogado argentino Germán Darío Giuliani en la República Bolivariana de Venezuela. Y en esta oportunidad, recibió la adhesión en el reclamo del Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBAHRI).
El ciudadano argentino, que es abogado matriculado en el CPACF, se encuentra privado de su libertad desde hace mayo 2025, en circunstancias que parecen constituir una grave violación de sus derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad, la seguridad, y el derecho a un juicio justo. Esto suscita seria preocupación tanto en la condición de su detención, como en las restricciones en su comunicación regular con familiares.
El caso reviste especial gravedad por tratarse de un abogado extranjero, nacional de un país que actualmente no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que limita el acceso a los mecanismos tradicionales de protección consular y refuerza la necesidad de atención y seguimiento por parte de la comunidad internacional.
El IBAHRI y el CPACF destacan el rol esencial de los colegios de abogados y de las organizaciones internacionales de la abogacía en la protección de sus miembros, en la defensa de la independencia de la profesión y en la promoción del Estado de Derecho.
La detención del abogado “en circunstancias arbitrarias, en total violación de las garantías del debido proceso compromete no solo derechos individuales, sino también principios fundamentales del sistema de justicia”.
En este contexto, ambas instituciones instan a las autoridades venezolanas competentes a garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales del abogado, y alientan a los gobiernos y a los organismos internacionales de derechos humanos a acompañar y promover esfuerzos orientados a una pronta resolución de su situación conforme a las obligaciones internacionales aplicables.-