El accidente que dejó gravemente herido a Bastián (8) volvió a poner a La Frontera de Pinamar en el centro de la escena. A pesar de los operativos, los controles y los reiterados llamados a la responsabilidad individual, el lugar sigue funcionando como un territorio sin reglas claras: menores manejando vehículos que no superan los 15 años, adultos sin casco ni cinturón de seguridad, UTV y cuatriciclos que suben y bajan médanos a toda velocidad y pasan a metros de la tribuna improvisada que se arma en lo alto de la arena, donde familias enteras observan las maniobras.
A pocos días del siniestro, y con La Frontera aún colmada de gente y vehículos, el secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Montes, habló con Clarín sobre los controles, las limitaciones del Estado, la jurisdicción municipal y el diagnóstico oficial sobre una de las zonas más conflictivas de la temporada.
El caso de Bastián fue el quinto accidente registrado en lo que va de esta temporada en La Frontera. El niño viajaba en un UTV junto a un adulto y otros tres menores cuando se produjo el siniestro. Según precisó Montes, en comparación con el verano anterior, el Municipio considera que los números “vienen mejor”, aunque reconoce que el riesgo persiste.
El debate sobre La Frontera no es un hecho aislado dentro de la gestión territorial de Pinamar. Tal como ocurre con otras grandes extensiones de tierra del norte del distrito (como las vinculadas a proyectos inmobiliarios privados de gran escala), los médanos donde se concentra el mayor descontrol pertenecen a empresas y propietarios privados.
Esa situación, que también se repite en desarrollos como Montecarlo, expone una tensión histórica entre el Estado municipal y los dueños de tierras aún no urbanizadas: el Municipio afirma que puede planificar, regular accesos y coordinar controles, pero no intervenir de manera directa sobre predios privados. En ese sentido, desde el Ejecutivo sostienen que los límites de su accionar en La Frontera no responden a una falta de voluntad política, sino a un esquema legal y territorial que condiciona la capacidad de control sobre un espacio que, aunque es utilizado masivamente por veraneantes, no es de dominio público.
Qué puede controlar el Municipio y qué no
Es sorprendente ver que, pese a los continuos accidentes y a las advertencias reiteradas, La Frontera siga funcionando como un escenario de riesgo permanente, a la vista de cualquier que pase por allí. Y mientras el pequeño Bastian continuaba internado en grave estado, se repetían las imágenes de maniobras peligrosas a alta velocidad, cruces a ciegas entre médanos y vehículos pasando a pocos metros de personas que observaban desde lo alto de la arena.
Las preguntas que se repiten son siempre las mismas: ¿Quién tiene la culpa? ¿de quién es la responsabilidad? Hasta dónde debe responder el Municipio, cuáles son los límites reales de su intervención y en qué punto empieza la responsabilidad individual de quienes ingresan a una zona reconocida como de alto riesgo siguen siendo interrogantes abiertos, en un territorio donde el Estado advierte, controla hasta donde puede, pero el descontrol continua.
Montes explicó que la jurisdicción municipal alcanza a las calles de Pinamar, los accesos a la playa y la playa pública. Ahí se despliegan controles de tránsito en conjunto con la Policía y el Ministerio de Seguridad bonaerenses: verificación de documentación, casco, cinturón de seguridad y alcoholemia.
En los accesos a La Frontera, los controles funcionan todos los días de 12 a 18 en el ingreso y de 18 a 20 en la salida. Además, hay camionetas de Seguridad en Playa y patrullajes policiales sobre la costa. Sin embargo, el núcleo del problema son los médanos, que están fuera del alcance directo del Municipio.
“La parte de los médanos es privada. Nosotros no tenemos facultades para intervenir en propiedad privada, de la misma manera que ocurre ante un hecho delictivo en una casa: tiene que intervenir la Policía y la Justicia”, explicó.
Consultado sobre la titularidad de las tierras, Montes explicó que La Frontera pertenece a tres o cuatro empresas privadas y que se trata de un predio de más de 900 hectáreas. Todos los años, los propietarios alambran, colocan empalizadas y carteles de “prohibido pasar” y “precaución”, en conjunto con el Municipio, aunque muchas veces la señalización es dañada por los propios visitantes.
Ante esta limitación, el Municipio articuló acciones con la Policía y la Fiscalía. Montes detalló que la semana pasada se realizó un operativo con policías civil en la zona de médanos. Cuando detectaban maniobras peligrosas, se aplicaba el artículo 193 bis del Código Penal, que prevé sanciones (incluso prisión) por conductas riesgosas o picadas.
“Fue así que pudimos secuestrar 11 camionetas en ese operativo. A veces algunos se escapan, pero los agarran a la salida”, señaló. En total, en lo que va del año, se secuestraron más de 30 cuatriciclos y UTV por alcoholemia positiva o falta de documentación en los accesos.
¿Hasta dónde llega el Estado?
Uno de los puntos más sensibles es el límite de la intervención estatal. Para Montes, el descontrol en La Frontera no puede analizarse sin poner el foco en la conducta individual.
“Lo que está en discusión es hasta dónde llega el Estado cuando hay adultos que ponen en juego su vida, se meten en un lugar donde saben que no deben ingresar, hacen maniobras arriesgadas en vehículos de gran porte y exponen también a sus hijos”, sostuvo. Y fue más allá: “Hay momentos donde es de autodeterminación y de responsabilidad individual. Me parece que hasta es correcto que el Estado no llegue”.
Consultado sobre cómo define el Municipio a La Frontera, el secretario de Gobierno fue claro: “Desde lo paisajístico es un atractivo turístico. Es un paisaje impactante, hermoso para recorrer. Y la actividad deportiva, cuando está bien realizada y con los elementos de seguridad adecuados, es algo para disfrutar”.
Sin embargo, aclaró que el Municipio no avala el escenario actual: “No estamos de acuerdo con el descontrol que ocurre dentro de La Frontera”. Y confirmó que oficialmente la reconocen como una zona de alto riesgo, precisamente por la circulación masiva de vehículos, la falta de reglas y la inexperiencia de muchos conductores.
UTV, vacíos legales y controles
Otro punto clave es la legislación sobre UTV. Montes remarcó que hoy están categorizados como vehículos rurales, no tienen obligación de portar patente y solo pueden circular por corredores seguros. “De cara al futuro, estaría bueno que tengan chapa patente, porque ayudaría al control y a la identificación”, propuso.
Respecto a los alquileres, indicó que las guarderías y comercios están registrados y habilitados. El alquiler fuerte se da en cuatriciclos, mientras que en UTV predominan los propietarios. Según dijo, esta temporada no hubo clausuras en ese rubro.
Mientras La Frontera continúa recibiendo hasta 15 mil personas por día en temporada alta, el diagnóstico oficial reconoce avances en prevención y control, pero también admite límites claros. Entre la propiedad privada, la masividad y la conducta individual, el escenario sigue siendo el mismo que quedó expuesto tras el accidente de Bastián: un territorio de riesgo donde el descontrol persiste y cada verano la tragedia parece estar siempre a un paso.
AA