La Inspección General de Justicia (IGJ) ya analiza la respuesta de la AFA a su pedido de explicaciones presentado este martes sobre los balances desde el 2017 a la fecha y luego decidirá si los aprueba y los rechaza, anunció el titular de ese organismo, Daniel Vítolo.
En declaraciones a TN; Vitolo explicó que la IGJ “nunca autorizó” la mudanza de su sede legal del histórico edificio de la calle Viamonte 1366 a la calle Néstor Kirchner 1366 de la localidad bonaerense de Pilar, en contra de lo que dice un comunicado de la entidad que dirigen el Chiqui Tapia y su Tesorero, Pablo Toviggino. También aclaró que la asamblea del año pasado en que se decidió ese cambió y se eligió en forma adelantada el nuevo consejo directivo, tampoco fue autorizada por el organismo.
Video
Guia para entender el mayor escándalo del fútbol argentino
Vítolo dijo que si la respuesta dada este martes “es satisfactoria” los balances se registrarán y pasarán al archivo. De lo contrario, se pedirán nuevas explicaciones, dijo Vítolo.
Todo con el 20 de enero cómo límite para decidir si nombrar un veedor en la entidad madre del fútbol, le cobra multas por incumplimiento y eventualmente formular una denuncia penal.
Vítolo reiteró que a su criterio “no hay un enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA”, pero sostuvo que criticar a la IGJ y a su persona es “una forma de desviar la atención” sobre las causas penales en que Tapia y Toviggino están siendo investigados por la Justicia.
En contra de otro punto del comunicado, Vítolo negó que las vistas a un balance se deban notificar al controlado y aclaró que la respuesta de este martes es sobre la AFA y nada sobre la Superliga a la que se le reclaman explicaciones por unos 340 millones de dólares.
Rechazó que su gestión haya actuado con desidia en los controles sobre la AFA, dijo que fue la que pidió explicaciones y en todo caso que critiquen a sus antecesores nombrados por Alberto Fernández (Ricardo Nissen) y por Mauricio Macri.
Admitió que el cambio de jurisdicción puede ser “por evitar controles” y ponerse bajo la protección política de Kicillof.
El titular de la IGJ y profesor en Derecho Comercial, Daniel Vítolo, está estudiando el comunicado y los balances que presentó ayer la AFA para dar una respuesta oficial a esas presentaciones.
Vítolo explicó que hasta “ahora no hay una autorización de transferencia” de la jurisdicción de la CABA a la provincia de Buenos Aires, sino “un certificado de vigencia” firmado por un inspector de la IGJ del pedido de cambio. “Es como comprar una casa. Te doy un boleto firmado pero es distinto a una escritura”, agregaron fuentes de la IGJ.
Vítolo dijo con ironía que el comunicado, impulsado por Toviggino, tiene como título una frase de Perón: “La única verdad es la realidad” y que está ilustrado con una foto de la sede de la AFA en la calle Viamonte.
Sobre la presentación de balances que hizo este martes la AFA, las fuentes comentaron “si estaban presentados, como decían antes, ¿para que los presentaron de nuevo?” Advirtieron que algunos de los balances que presentaron antes “no estaban firmados y ahora los emprolijaron”.
Pero el problema central “no es la presentación de balances, sino explicaciones sobre el contenido de los balances”.
La IGJ, como organismo de control de empresas y asociaciones civiles sin fines de lucro, solicitó explicaciones sobre 111 millones de dólares de los balances de los últimos cuatro años.
Mañana debería presentarse a declarar en un expediente administrativo el auditor de los balances de la Superliga de Fútbol Profesional, el contador Fernando Dubois para dar detalles de los balances que avaló entre los años 2020 y 2024.
Un día después, es decir el 15, en apenas 48 horas, habrá otro desfile de contadores para dar cuenta de la radiografía financiera de la asociación que conduce «Chiqui» Tapia, hoy salpicada por varias denuncias de presuntos usos irregulares de millones de dólares.
El jueves se presentarán, también en la sede de la IGJ en Paseo Colón 291, los contadores Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi. Carraro deberá explicar el balance de 2017, Mucelli tendrá que hacerlo con los de 2018, 2019, 2020 y 2021; y Bisurgi los de 2022, 2023 y 2024.
En un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a negar irregularidades en sus balances y acusó a la Inspección General de Justicia (IGJ) de ejercer «presión y construir un relato ficticio de incumplimiento».
Mirá también
Mirá también
Mansión de Pilar: un ex empleado del senador Gerardo Zamora y otro de un operador judicial K tienen poderes especiales de administración
El organismo de control oficial había advertido supuestas inconsistencias en los balances por US$ 450 millones y había puesto como plazo el 20 de enero para que declaren los especialistas que intervinieron en los estados contables cuestionados.
El comunicado de AFA llega a horas de que se presente el primer responsable contable del organismo,
«Una vez más, el incumplidor no es la AFA, sino el propio Organismo, que además tiene el atrevimiento de recorrer los medios de comunicación acusando a la AFA de incumplimientos inexistentes. Nadie puede ser acusado de incumplir obligaciones que jamás le fueron requeridas», sostiene la AFA en el comunicado titulado «La única verdad, es la realidad (bis)».
«Estamos, así, frente a una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales ha sido legalmente concebido, como mecanismo de presión y no como un cauce regular, objetivo e imparcial de control», aseguran.
Según la AFA, «solo una única vista fue debidamente notificada» y es la correspondiente al balance cerrado el 30 de junio de 2017 y notificada el 26 de diciembre de 2017.
«Esta fue respondida por AFA con nota y documentación de fecha 9 de enero de 2018.E l resto de las vistas invocadas públicamente por el Inspector General, de las cuales maliciosamente dijo que AFA se negó a contestar, nunca fueron notificadas, como exige la propia normativa de la IGJ», añaden.
En el escrito también cuestionan los «límites del control estatal» y aseguran que «la IGJ no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, función que corresponde exclusivamente a los socios su rol se limita al control de legalidad formal, debiendo además fundar y notificar debidamente cualquier observación a los mismos».
El foco de la IGJ no está solo en la ausencia formal de balances en tiempo y forma, sino en la falta de explicaciones claras sobre el contenido de partidas millonarias incluidas en esos estados, en la que está imputado formalmente el «Chiqui».
Volviendo a la IGJ, de acuerdo con la información reunida por el organismo de control que dirige Daniel Vítolo, los balances observados incluyen cifras globales que, sumadas, superan los 450 millones de dólares, sin que se haya precisado adecuadamente el origen de los fondos, su destino ni la composición real de varios rubros sensibles.
En este nuevo comunicado, la AFA también responden a las acusaciones de Vítolo de haber mudado el domicilio legal de la entidad a Ezeiza por ser «un territorio que consideran más amigo para continuar violando la ley sin que se les diga nada».
En este sentido, sostienen que «es objetivamente falso afirmar que la AFA ‘se escapó, que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal». «La IGJ conoció, participó y certificó el cambio de jurisdicción desde su etapa inicial. Cualquier afirmación en contrario resulta incompatible con los propios actos del organismo», agregan en el descargo.
En este punto, desde la AFA remarcan que «es falso afirmar que la AFA pretendiera eludir obligaciones o sustraerse al control estatal. Lo que existió fue —y es— el ejercicio regular de un procedimiento legal previsto por la normativa de ambos organismos».
Frente al cambio de domicilio, en el organismo que dirige Tapia afirman que la entidad se encuentra en la actualidad «bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires», por lo que la IGJ «carece de competencia actual para ejercer funciones de fiscalización».
«El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso de una entidad reticente al control e incumplidora para encubrir años de inactividad, irregularidades administrativas y una falta absoluta de diligencia en el ejercicio de sus funciones, concluye el comunicado.