El exdiputado nacional por Salta Emiliano Estrada quedó imputado en una causa en la que se lo investiga por haber utilizado fondos públicos para para financiar una campaña de fake news que relacionaban al gobierno provincial con actividades relacionadas con el narcotráfico. Hasta el momento, el exlegislador había eludido la imputación formal, en un laberinto de planteos y faltazos.
Estrada, quien forma parte de La Cámpora y de Unión por la Patria y que había integrado el gabinete de Juan Manuel Urtubey como ministro de Economía entre 2017 y 2019, fue una de las tantas visitas que recibió Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111 tras ser condenada.
El exlegislador había pasado por el edificio de Constitución en septiembre junto a Urtubey y volvió en noviembre para la polémica foto junto a varios economistas que dio lugar a la decisión de la Justicia de limitar las reuniones de la expresidenta.
El 10 de diciembre venció su mandato como diputado nacional.
Aunque la investigación que lo tiene bajo la lupa lleva meses, la imputación se concretó en las últimas horas. En los inicios del caso que sigue el Ministerio Público Fiscal se acusaba a tres personas, dos de ellas exasesores del entonces legislador nacional, por los delitos de «abuso de autoridad» y «peculado de servicios». Luego, se sumó una cuarta.
Según la acusación, Estrada les habría encargado a sus asesores la creación de una serie de videos con «contenidos dudosos» en la plataforma TikTok en donde se relacionaba al gobierno provincial con actividades vinculadas al narcotráfico. En esa ocasión, el fiscal recordó que quienes crearon el video cumplen tareas en el Congreso de la Nación y que, por lo tanto, la maniobra fue solventada con fondos del Estado Nacional.
Unir fuerzas por Salta.
Unir fuerzas por la patria.
Unir fuerzas por nuestro pueblo.
Nada se construye con odio. Mucho menos un país.
Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados.… pic.twitter.com/0sTEDEIUv2— Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) September 10, 2025
Entre sus planteos, el entonces diputado había echado mano de la inmunidad legislativa en varios incidentes y argumentó que el caso era «una persecución política». Sin embargo, el fiscal general sostuvo que el legislador conservaba su «paraguas de inmunidad» siempre y cuando el discurso por el que se lo acusaba se hubiese dado en el recinto del Congreso o a través de los medios de comunicación.
En este caso, como Estrada habría instruido a sus asesores a «la creación de esos videos desde la clandestinidad” y el anonimato, el beneficio no aplicaba, explicaron fuentes de la investigación.
Quiénes son los otros imputados
Estrada es el cuarto imputado en la causa. Lo señalan como el autor intelectual de la creación de una serie de cuentas en la red social TikTok, con el único objetivo de difamar y compartir noticias falsas sobre personas del ámbito empresarial, periodístico y político de Salta.
En la causa, otros dos imputados, Florencia Bustamante y Alonso Allemand, quienes eran empleados de Estrada contratados por la Cámara de Diputados de la Nación, explicaron que en todo momento era él quien ordenaba qué contenidos realizar, enviaba los guiones y validaba los videos ya editados que se repartían en tres cuentas de la red social: “La Casta Salteña”, “La Casta de Sáenz” e “Informante Salta”.
El otro imputado en la causa, Juan Capisano, era el creador del perfil “Casta Salta” y dijo ser empleado del empresario de medios Federico Mena Saravia.
El largo camino hasta la imputación
La decisión de imputar a Estrada llega tras un largo periplo judicial que impidió que la causa avanzara durante varios meses y que incluyó jueces que se declararon incompetentes, pedidos de acumulación con otras causas y requerimientos de otros dos jueces, uno de ellos Sebastián Casanello, quienes querían tomar la causa en sus propios juzgados.
Sin embargo, la jueza Mariela Giménez, del Juzgado Federal N°2 de Salta, en donde en ese momento tramitaba el expediente, rechazó los pedidos y se quedó al frente del caso. Ante esa situación, el fiscal general Carlos Martín Amad había intentado formalizar el caso pero se encontró con un nuevo problema: Estrada no se presentaba a la audiencia, a pesar de estar notificado.
Fue entonces que el Ministerio Público Fiscal pidió el desafuero del entonces legislador, lo que derivó en una apelación. Pasó sin éxito por la Cámara Federal de Apelaciones pero luego recayó en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar al pedido.
Desde la defensa de Estrada plantearon entonces la recusación de la jueza Giménez, acusándola de haber dejado de ser imparcial. Sin embargo, el planteo fue rechazado porque el escrito llegó fuera de tiempo.
Esa seguidilla de planteos y requerimientos judiciales hizo que la imputación formal, ya preparada en enero pasado, se demorara casi un año. Finalmente, en las últimas horas se concretó esa medida, en una audiencia en la que Estrada escuchó de forma virtual la lectura de los principales hechos investigados.