El Hospital Garrahan anunció un paro activo para los días 12 y 13 de septiembre, dentro de un plan de lucha que tendrá como uno de sus ejes un “ruidazo nacional” al que convocan a toda la sociedad mañana a las 20. La protesta, que contará con la participación de trabajadores y estudiantes universitarios, marcará además la confluencia con los decanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con quienes los profesionales de la salud se unen para rechazar en conjunto los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.
“Se van a garantizar los servicios mínimos y las emergencias, pero vamos a estar presentes en el hall de Combate de los Pozos”, explicó Norma Lezana, nutricionista del hospital pediátrico y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Según detalló, la unión con los representantes de la UBA busca presionar al Congreso para que las dos leyes se vuelvan a tratar de manera urgente.
La medida de fuerza tiene como telón de fondo el veto presidencial a la ley de emergencia de salud pediátrica, algo que, según Lezana, “es sumamente repudiable teniendo en cuenta que acá hay una verdadera emergencia. Esto causa conmoción y ebullición en el hospital”.
La dirigente gremial señaló que la crisis se refleja en la renuncia continua de profesionales, lo que provoca cierres de agendas y mayores tiempos de espera para los pacientes, que son niños y adolescentes. “Cuando no se reponen los cargos y los equipos se van debilitando, se resiente la capacidad de respuesta de un hospital de alta complejidad como el Garrahan”, advirtió.
Lezana apuntó que la situación se repite en distintas áreas. “En oftalmología hay aparatos que no se han repuesto y eso impide que se realicen prácticas esenciales. En nutrición, directamente estamos recortando agendas de turnos porque el personal se va o reduce la carga horaria para poder trabajar en otro lado, ya que acá el horario es muy extenso”, detalló.
Ayer, el presidente Javier Milei vetó la ley N° 27.796, sancionada por el Congreso el 22 de agosto con 62 votos a favor y 8 en contra. La norma establecía, por un año, un refuerzo presupuestario, una recomposición salarial y la asignación prioritaria de insumos críticos, además del reconocimiento del Garrahan como hospital de referencia nacional. Sin embargo, el veto –formalizado a través del Decreto 651/2025– devolvió el proyecto al Congreso y dejó en suspenso su aplicación.
El Ejecutivo justificó su decisión al argumentar que la ley carecía de financiamiento genuino, tenía una redacción ambigua y generaba distorsiones salariales, al otorgar beneficios exclusivamente al personal pediátrico. También objetó la exención del pago de Ganancias contemplada en la norma, que según estimaciones oficiales significaba una pérdida de más de 115 mil millones de pesos. A su vez, advirtió que el gasto tendría que cubrirse con fondos reasignados del actual presupuesto del Ministerio de Salud, lo que pondría en riesgo otros programas.
La Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado que el costo fiscal rondaba los 65.573 millones de pesos. Con ese diagnóstico, el oficialismo ratificó su rechazo a la iniciativa y al financiamiento universitario, sosteniendo que ambas leyes “profundizan el déficit y amenazan la estabilidad financiera del Estado”.
“Estamos en repudio al veto de la ley de financiamiento universitario y de la ley de emergencia de salud pediátrica. Pedimos a los diputados que traten ambos vetos juntos, de manera rápida y urgente”, reclamó Lezana. El paro en el Garrahan y el ruidazo nacional buscarán visibilizar esa demanda y darle mayor fuerza a una protesta que ahora suma a hospitales y universidades bajo una misma consigna.