Organizaciones e instituciones que nuclean a personas con discapacidad denunciaron que Gendarmería Nacional montó operativos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires para impedir que pudieran llegar al Congreso, donde se iban a manifestar en apoyo a la Ley de Emergencia para su sector.
La iniciativa está siendo debatida en la Cámara de Diputados junto a otros proyectos, como el aumento para jubilados, la actualización del bono, la prórroga de la moratoria previsional y otras medidas. La jornada unificó a los movimientos que representan a estos sectores, y también contó con la participación del colectivo Ni Una Menos, profesionales del Hospital Garrahan, científicos, estudiantes, docentes universitarios, sindicatos y diversas organizaciones sociales.
En este contexto, Silvia, una acompañante terapéutica y familiar de un niño con discapacidad, contó en diálogo con C5N que ella salió desde la localidad bonaerense de Moreno en dos combis, con un grupo de 20 personas, entre terapeutas, familiares y pacientes, pero fueron interceptados en la autopista del Oeste por la Gendarmería. “Nos detienen y empiezan a pedirles los papeles a los choferes. Estaba todo en regla, eran los transportes que usamos todos los días para trabajar con los chicos. Después nos exigen las hojas de ruta, que se piden para hacer excursiones, y nos preguntan a dónde íbamos», relató.
Y agregó: «Cuando decimos que al Congreso, nos responden que no podemos pasar. Pusieron excusas: que el transporte era de provincia y no podía ingresar al centro porteño”.
Pero el destrato no terminó ahí, los efectivos, actuando de forma ilegal, les exigieron que todos descendieran del vehículo en plena autopista, algo que la directora de la institución se negó, ya que había niños a bordo. Como respuesta a esto, una camioneta de Gendarmería escoltó a las combis de regreso a su lugar de origen.
“Nos escoltaron hasta la institución como si fuéramos delincuentes, solo por querer manifestarnos pacíficamente. Fue una situación de mucha bronca e impotencia. Estábamos yendo a reclamar por los derechos de los chicos, las familias y los terapeutas. Ni siquiera nos dejaron llegar”, manifestó.
Todo lo que sucedió impacto en los pacientes, que terminaron angustiados: “Nos decían que la policía era mala. Expresaban su bronca y su dolor, y nosotros tuvimos que contenerlos”, contó la terapeuta.
Al ser consultada por lo que están atravesando los profesionales que trabajan y asisten a las personas con discapacidad, explicó: “Hay terapeutas que están cobrando 300 mil pesos por mes, con un aumento del 0,5%. No llegamos a fin de mes. Además, no están aprobando nuevas prestaciones, y hay chicos que se quedaron sin terapias”.
Frente a la amenaza del Gobierno de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, la profesional expresó: “¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? En lo personal, voy a tener que dejar de atender y buscar otro trabajo. Y esos chicos se van a quedar sin terapias y sin terapeutas. ¿Cómo paga el alquiler un profesional con estos sueldos? ¿Cómo sobreviven las familias a las que ya no les cubren los medicamentos ni los tratamientos?”